Anfitrión involuntario: la admisión de refugiados chilenos a Canadá, 1973-1975

Francis Peddie

El objetivo de este artículo es analizar la actitud del gobierno canadiense hacia la primera ola de refugiados chilenos (1973-1975) que huyeron del régimen de Pinochet, como se evidenció por palabra y obra de los oficiales que trabajaban para los ministerios de Mano de Obra y de Inmigración (el predecesor del actual Departamento de Ciudadanía e Inmigración), Asuntos Exteriores, y el Departamento de Justicia. En el ambiente de la guerra fría, la admisión de refugiados asociados con la izquierda política se presentaba problemática. Algunas veces, la actitud de estos representantes del gobierno de Canadá se presentaba bajo una pesada carga de críticas provenientes de organizaciones tanto internas del país como extranjeras por un aparente rechazo a cooperar plenamente con el restablecimiento de chilenos cuyas vidas estaban en peligro. A pesar de los obstáculos para la aceptación de refugiados chilenos en Canadá, la resistencia fue vencida con la ayuda de organizaciones tanto del interior como del exterior del país.

Inmediatamente después de que el golpe empezara el 11 de septiembre de 1973, 19 personas en busca de asilo irrumpieron en la embajada canadiense en el décimo piso de una torre de oficinas en el centro de Santiago. Los oficiales consulares les otorgaron asilo basándose en que huían de ataques insurgentes dirigidos a un gobierno reconocido por Canadá. Sin embargo, la aceptación de estos fugitivos sentó el precedente de proporcionar ayuda a chilenos refugiados, el cual resultaba preocupante para algunos oficiales del gobierno federal.

El bombardeo de La Moneda, el palacio presidencial de Chile, 11 de septiembre de 1973 (Imagen cortesía de www.september11news.com)


En primer lugar, Canadá no era signatario de la Declaración de Caracas de 1954, un tratado que reconocía el derecho de asilo político en embajadas extranjeras; una tradición aceptada entre las naciones de Latinoamérica. De modo que el gobierno no tenía, técnicamente, ninguna obligación de ayudar a aquellos que huían de la represión militar. Además, la embajada no contaba con personal que hablara español para tratar con las personas en busca de asilo y explicarles, claramente, la posición del gobierno. Esto puede parecer sorprendente si se considera hoy en día, pero dada la indiferencia tradicional hacia Latinoamérica hasta fines de los 60, no parece haber sido una situación inusual. Una última consideración que influyó en el tortuguismo inicial de oficiales consulares de Canadá fue la actitud del mismo embajador. Como se reveló al público más tarde, el embajador Andrew Ross, rápidamente, aconsejó al ministro de asuntos exteriores que reconociera al gobierno militar. Según la opinión de Ross, fue “incorrecto para Ottawa ver la toma de poder como ‘un golpe derechista’”; además indicó:

“Al derrocar al gobierno de Allende, la milicia y policía de Chile ha aceptado una tarea extremadamente difícil y probablemente ingrata. Nuestro pesar de que se adoptaron los medios extraconstitucionales y antidemocráticos debe mitigarse, desde mi punto de vista, por las siguientes consideraciones principales…”(1)

Las consideraciones mencionadas por Ross incluían la anarquía que imperaba en Chile antes del golpe debido a la intransigencia política en todos lados.

Otro factor adicional que ocasionó que el gobierno canadiense dudara en la cuestión del otorgamiento de asilo a chilenos, parece haber sido a causa de las posiciones ideológicas de aquellos que habían sido perseguidos por el régimen militar. En el ambiente de la guerra fría, los ministerios de Mano de Obra e Inmigración, Asuntos Exteriores y el departamento de Justicia se mostraron renuentes en cuanto a la admisión de refugiados izquierdistas. Mientras que otros países, destacan Francia y Suecia, tomaron medidas de emergencia para agilizar el proceso de inmigración para los fugitivos de la junta, el gobierno de Canadá insistió, de septiembre a diciembre, en apegarse a la letra de la ley, especialmente en lo concerniente a las autorizaciones de seguridad otorgados por la fuerza policíaca nacional de Canadá (RCMP). Los chilenos se encontraron con demoras y oportunidades perdidas para refugiarse en otras naciones a pesar de las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Mitchell Sharp, en otoño de 1973 referentes a “la voluntad y deseo” de Canadá para ayudar a los refugiados localizados en seis campamentos administrados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Aunque el gobierno de Canadá asumía la posición oficial de tener que obedecer sus reglas y reglamentaciones concernientes al tema de la inmigración, era evidente para los críticos, tanto canadienses como extranjeros, que las cuestiones de filiación política demoraban la admisión de refugiados chilenos.

La crítica al gobierno sobre el manejo del tema de los refugiados chilenos surgió poco después del golpe y continuó hasta bien entrado el año siguiente. Aunque esta crítica provenía de varias fuentes, se destacan dos organizaciones en particular: dentro de Canadá, el Consejo Canadiense de Iglesias jugó un papel importante, presionando a las autoridades federales para que se hiciera más en favor de los perseguidos. En el frente internacional, el antes mencionado ACNUR expresaba constantemente su decepción por la terquedad canadiense en cuanto al tema, y la comparaba con la actitud flexible de otras naciones. Esta presión interna y externa hizo que el tema de los refugiados se mantuviera bajo la mirada pública y puso, efectivamente, al gobierno canadiense a la defensiva, obligándolo a tomar acciones, mismas que habría preferido evitar.

Ya el 17 de septiembre de 1973, el Consejo Canadiense de Iglesias inició una campaña para presionar al gobierno para que éste tomara medidas. En un comunicado de prensa, la organización enfatizó su posición de que las medidas que se tomaran debían basarse en consideraciones humanitarias y no políticas:

“Ya que estos refugiados se encuentran en peligro de muerte, bajo un régimen militar muy represivo, sólo tenemos una opción: hacer lo que podamos para salvar estas vidas. Canadá abrió sus puertas a refugiados de Hungría, Checoslovaquia y Uganda. Si nos negamos a abrir nuestras puertas a personas en peligro bajo otro tipo de régimen, esto indicaría que habríamos actuado por motivos políticos, en lugar de humanitarios.”(2)

Entre octubre de 1973 y enero de 1974, el Consejo Canadiense de Iglesias envió tres delegaciones a Ottawa para encontrarse con Sharp y el ministerio de Mano de Obra e Inmigración, Robert Andras, para interpelar por la toma de medidas en el asunto de los refugiados chilenos. Los representantes de la organización, tales como el Reverendo Robert Smith, quien dirigió una delegación a Chile para conducir una investigación de primera mano acerca de las condiciones en el país, también ejercieron presión a través de peticiones a la opinión pública en la prensa. En un elocuente artículo de opinión publicado en el Toronto Star a principios de 1974, Smith enfatizó la calidad letárgica de la respuesta del gobierno. En un país donde miles ya habían sido asesinados y otros más detenidos y torturados, Canadá sólo admitió a 55 fugitivos en su embajada. De las 2.700 solicitudes de admisión a Canadá, sólo 388 fueron procesadas y aceptadas, mientras que el índice de rechazo se mantuvo en dos tercios. Esto lo atribuyó a miedos infundados de la guerra fría, al comparar la situación a la de los refugiados húngaros de 1956:

“Ahora que otra gente ha tomado partido contra la injusticia del mando de las leyes totalitarias nos sentimos incómodos. Nos podemos cuestionar si estas personas son diferentes, o somos nosotros los que hemos cambiado… Han adoptado una posición a favor de aquellas cosas que representan los principales valores de nuestra nación. Han sufrido por la libertad. Han sufrido por la justicia y el derecho. Han tenido más valor para intentar cambiar el futuro, que el que hubiéramos tenido nosotros. Sólo enriquecerán la vida de nuestro país.”(3)

Al concluir su artículo, Smith exigió que el gobierno usara el respeto del que gozaba en el extranjero para hacer más por terminar la guerra que se había estado llevando a cabo por la junta en contra de sus propios ciudadanos. Más aún, hizo un llamado a la comunidad empresarial para usar la presión económica en contra del régimen, y a los medios informativos para plasmar la opinión pública e instruir a los canadienses acerca del horror de la situación en Chile. Estas acciones eran necesarias porque “el chileno de hoy no tiene voz propia. Depende de la conciencia del mundo.”

La postura crítica adoptada por organizaciones canadienses tales como el Consejo Canadiense de Iglesias fue difundida por el ACNUR a fines de 1973 y entrado el año siguiente. Ernest Schlater, el jefe de la misión del ACNUR para Chile, protestó por la falta de acción por parte de Canadá y su actitud hacia el problema. Acusó a Canadá de tratarlo como un asunto de inmigración en lugar de una cuestión humanitaria y de dar a los campamentos un enfoque de mercado para reclutar inmigrantes altamente calificados en lugar de visualizarlos como un lugar de refugio temporal para individuos y familias perseguidas. Otros reportes de prensa revelan que los oficiales de las Naciones Unidas vieron el enfoque canadiense como restrictivo, contradictorio y, por último, desmoralizante para los propios refugiados; se suponía que debía ser de ayuda, y resultó que algunos hasta sugirieron que la actividad canadiense en los campamentos hacía más mal que bien. El reducido número de chilenos a los que se les otorgó asilo en la embajada o permiso para ingresar a Canadá puso a la nación casi al final de la lista de países que tomaron medidas para aliviar la crisis humanitaria, comparada desfavorablemente con lugares como Argentina, México y Francia. El ACNUR también criticó el hecho de que Canadá insistiera en que los refugiados renunciaran a cualquier actividad política como condición para su admisión y que se les negara a aquellos que no accedieran; consideración claramente política que no era requisito por parte de otras naciones receptoras tales como Francia, Suecia y Alemania Occidental.

Aunque no está claro si esta crítica externa jugó un papel directo significativo incitando al gobierno a adoptar un enfoque más positivo a la crisis de refugiados chilenos, sí informó y apoyó los argumentos del grupo de presión canadiense a favor de los refugiados. Al usar la información que provenía de Chile a través del ACNUR, un grupo de organizaciones canadienses preocupadas rindió un informe altamente crítico al gobierno en octubre de 1974, en un momento en el que las acciones inadecuadas que ya habían sido tomadas en Chile, estaban a punto de ser degradadas aun más. A la larga, la presión continua, aplicada al asunto de los refugiados por varios grupos en Canadá, parece haber tenido un efecto positivo aunque limitado en la política del gobierno. Aunque el gobierno continuaba adoptando una actitud precavida hacia los refugiados, quienes supuestamente representaban una amenaza para la seguridad pública, para febrero de 1975 Canadá había aceptado a 1188 refugiados chilenos además de un gran número que entraron en calidad de inmigrantes.

La crisis de los refugiados chilenos de 1973-75 marca un momento importante en la historia canadiense por una serie de razones. Para empezar, la presión nacional e internacional que surgía de la crisis humanitaria forzó al gobierno de Canadá a lidiar con una situación, la cual habría preferido ignorar. Aunque las consideraciones ideológicas limitaban, a fin de cuentas, el número de refugiados aceptados, el cabildeo efectivo de grupos de presión aseguró que el gobierno estuviera forzado a confrontar el asunto como humanitario y no como uno de inmigración. La controversia causada por la actitud y acciones canadienses también contribuyó positivamente a forzar al gobierno a reconsiderar los asuntos de los refugiados y la política de inmigración. El resultado de esto sería una política más formalizada y “neutral” de admisiones gubernamentales de refugiados en años siguientes, que probara ser beneficiosa para olas posteriores de latinoamericanos que buscaran asilo en Canadá.

Nacido en Toronto, Francis Peddie realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad de York, e hizo su maestría en la Historia Latinoamericana en la Universidad Nacional Autónomo de México, donde también trabajó varios años como maestro de inglés. Actualmente es candidato de doctorado de la Historia en la Universidad de York. Su tesis se tratará del impacto de la migración de los refugiados chilenos a Canadá en los años setenta.

Traducido por Karin Otterbach

(1) Cita de “Canada’s Ambassador Says Chilean Coup Prevented a Civil War”, Toronto Star, 26 de septiembre, 1973. pp. A1, A3.
(2) Gerald E. Dirks, Canada’s Refugee Policy: Indifference or Opportunism?, Montreal y Londres: McGill-Queen’s University Press, 1977. p. 246.
(3) Robert Smith, “Chileans Today Relying on the Conscience of the World”. Toronto Star, 12 de enero, 1974. p. B2.

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