Martin Boyd
Desde la década de los 1970, la comunidad hispana de Canadá se ha transformado a partir de un pequeño grupo de pioneros inmigrantes de España y América Latina en una vibrante comunidad heterogénea de más de medio millón. Un factor clave en el desarrollo de esta comunidad, que hoy se ha convertido en un elemento tan vital del mosaico multicultural de Canadá, ha sido el enfoque positivo de este país en cuanto a la inmigración y, en particular, su históricamente compasiva política de refugio. De hecho, una proporción significativa de las primeras grandes oleadas de inmigrantes hispanos a Canadá fueron los solicitantes de refugio de las dictaduras militares de Chile, Argentina y Uruguay en la década de los setenta, así como de la guerra civil de El Salvador en la década de los ochenta, quienes jugaron un papel importante en la construcción y consolidación de una infraestructura para las artes y la cultura hispana en Canadá, y cuya aportación positiva a su país adoptivo ha añadido una dimensión muy bienvenida al tejido cultural canadiense.
Desgraciadamente, la compasiva política de refugio de Canadá parece haber dado un vuelco preocupante hacia la indiferencia en los últimos años. En particular, los mexicanos han sufrido este cambio de dirección con la imposición repentina de visas por parte de Ottawa en 2008, en un acto reflejo ante el gran número de solicitantes de refugio mexicanos que llegaban a Canadá. La decisión le ha costado cientos de millones de dólares en ingresos perdidos a la industria turística canadiense debido a la dramática caída en el número de turistas mexicanos como resultado de la imposición de visas, ya que, según cifras publicadas por Statistics Canada, los ingresos provenientes del turismo mexicano en Canadá cayó de CA$ 364 millones en 2008 a CA$ 231 millones en 2009, y tan solo a CA$ 157 millones en 2010. También Canadá ha perdido mucho en términos de inversión de parte de empresas mexicanas, debido al grave daño que ha ocasionado a sus relaciones con México. Mientras tanto, las recientes revisiones al proceso de solucitud de refugio de Canadá solo han hecho que el proceso sea más restrictivo, sin corregir los problemas de los cuales padece el sistema.
Un ejemplo emblemático de las fallas en el sistema actual de solicitudes de refugio de Canadá se encuentra en el caso de los Pusuma, una familia romaní que huyó de Hungría después de sufrir amenazas y un asalto por extremistas racistas, como resultado del trabajo de Jozsef Pusuma como activista de derechos humanos de la minoría romaní del país. Su contundente caso fue rechazado en 2011 debido a la incompetencia de su abogado, Viktor Hohots, quien presentó una solicitud mal preparada y omitió en ella documentación que era clave para su petición… y ni siquiera compareció en su audiencia ante la Junta de Inmigración y Refugiados (IRB).
El caso de los Pusuma destaca algunos problemas graves con el proceso de solicitud de refugio actual. El primero de ellos radica en que no se permite ningún tipo de concesión para las víctimas de los abogados corruptos como Hohots, que ha sido objeto de reclamaciones de 16 de sus ex clientes, que fue declarado incompetente por un tribunal federal y que ahora está siendo procesado por el Colegio de Abogados de Ontario. Según cualquier criterio razonable, el caso de los Pusuma debe ser considerado de nuevo debido a la incompetencia oficialmente reconocida de su abogado; sin embargo, en respuesta a la creciente presión pública, incluyendo una petición con más de 44,000 firmas, la única respuesta del Departamento de Ciudadanía e Inmigración de Canadá ha sido, hasta ahora, una declaración típica, que los Pusuma han “agotado todas las vías de recurso disponibles para ellos” y que por lo tanto “se espera que respeten nuestras leyes y salgan según lo indicado” (correspondencia personal con Bogdan Sultana, CIC). Lamentablemente, los solicitantes de refugio son especialmente vulnerables a los abogados corruptos, pues pueden ser una manera de ganar dinero fácilmente con pocas posibilidades de represalia por negligencia, ya que los clientes insatisfechos son deportados antes de que tengan la oportunidad de quejarse. El que el sistema no haga ninguna concesión ante una situación como la de los Pusuma refleja una rigidez que necesita ser corregida si queremos cumplir con nuestras obligaciones internacionales con respecto a los refugiados.
Otro de los problemas que muestra el caso de los Pusuma es el carácter arbitrario de las decisiones de la IRB y, en particular, la gran divergencia en el número de reclamaciones aceptadas entre un juez y otro. Por ejemplo, el promedio global de solicitudes de asilo aceptadas es aproximadamente del 31%, sin embargo Pasquale Fiorino, el juez de la IRB que dictaminó sobre el caso de los Pusuma, aceptó sólo 10 de los 256 solicitantes de refugio que comparecieron ante él en 2011: un porcentaje de menos del 4%. Una tasa de aceptación tan desproporcionadamente baja plantea serias dudas sobre la capacidad de este juez de proporcionarles a los solicitantes una audiencia justa y justifica tanto una investigación ministerial como un cierto grado de flexibilidad con respecto a la reconsideración de los casos que ha juzgado.
No pudiendo volver a Hungría por temor a la persecución y conscientes de que su solicitud de refugio aún no ha recibido una consideración justa, los Pusuma han buscado santuario en una iglesia en Toronto en la esperanza de que su caso sea abierto nuevamente. Jozsef Pusuma es un testigo clave en el caso del Colegio de Abogados contra Hohots y la inexplicable negativa del gobierno canadiense de responder a las peticiones que le conceda una visa para que pueda prestar declaración altera el cauce de la justicia en dicho caso, pues una audiencia programada para el día de hoy ha sido aplazado hasta marzo debido a que Jozsef Pusuma no ha podido comparecer ante el tribunal. Tanto a Jozsef como a su esposa Timea se les han ofrecido trabajo si reciben una visa para permanecer en Canadá. Su hija de 6 años de edad, Lulu, ha vivido más tiempo aquí en Canadá que en Hungría, domina el inglés y está lista para asistir a la escuela. La familia tiene una gran red de amigos comprometidos a ayudarles a integrarse a la sociedad canadiense. Dadas las circunstancias, no hay realmente ninguna razón para negarse a reabrir su caso para que se les pueda dar un juicio justo.
Muchos inmigrantes hispanos en Canadá han vivido en carne propia la política históricamente compasiva de este país hacia los refugiados. La aceptación por parte de Canadá de miles de solicitantes de refugio chilenos tras el golpe de 1973 refleja el alto valor otorgado a los derechos humanos en este país, un valor que ha hecho que muchos de nosotros que hemos inmigrado aquí nos sintamos orgullosos de que Canadá sea nuestra patria adoptiva. Negar a los Pusuma el derecho a una audiencia justa sería una contradicción flagrante de ese valor y un precedente preocupante para el futuro de la política de refugio canadiense.
Para obtener más información acerca del caso de los Pusuma, visite el portal Free Lulu.